Incidencia del COVID-19 en el cumplimiento de los contratos en España

 Alexander Benalal, Pablo Berenguer

03-2020

La pandemia del coronavirus (COVID-19) y la rapidez en la evolución de los hechos a escala nacional e internacional está generando situaciones que hacen excesivamente gravoso –cuando no imposible– el cumplimiento de determinadas obligaciones contractuales.

La crisis sanitaria a escala global no tiene precedentes, y sus consecuencias económicas y sociales son difíciles de anticipar pero están requiriendo la adopción de medidas extraordinarias tales como la declaración del Estado de Alarma a través del Real Decreto 463/2020 el 14 de marzo y su intención de prórroga por quince (15) días según fue notificado el pasado domingo por el Gobierno.

En particular, la declaración del Estado de Alarma ha supuesto la imposición, entre otras medidas, de restricciones a la libertad de circulación por la vía pública, la suspensión de apertura de locales comerciales –excepto farmacias, tiendas de alimentación, estancos, etc.– locales de restauración, la suspensión de toda la actividad educativa presencial o la suspensión de fiestas populares. Además, el pasado jueves 19 de marzo a estas medidas de contención se añadía la declaración de suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico a través de la Orden SND/257/2020 del 19 de Marzo.

Todo ello, junto con las medidas equivalentes tomadas por otros países, está generando una palpable ralentización de la actividad económica en buena parte del planeta. Todavía es pronto para predecir hasta dónde alcanzará el coronavirus y probablemente haya que tomar medidas adicionales en determinados sectores –como el sector turismo, el del automóvil o algunos sectores industriales– o incluso restricciones más pronunciadas a la movilidad pero podemos intuir que el impacto será enorme y causará efectos duraderos en aquellas empresas que no reaccionen a tiempo.

Por ello, el equipo de Bird & Bird ha preparado un boletín informativo para ayudarle a adelantarse, analizar y en todo caso reaccionar ante la eventual incidencia que las circunstancias actuales y las medidas que se suceden pueden tener en la ejecución de los contratos y sus consecuentes retrasos o incumplimientos.

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