Retos legales en proyectos de transformación digital

03-2019

Cuando las compañías afrontan proyectos específicos en el marco de sus estrategias de transformación digital (desarrollo de nuevas soluciones, implantaciones o migraciones de programas, adquisición de aplicaciones, servicios de outsourcing, etc.), junto con las cuestiones comerciales, tecnológicas y organizativas, aparecen también retos y cuestiones de tipo legal que pueden llegar a ser determinantes para el resultado de los proyectos.

El valor de haber planteado bien la protección legal de los intereses de la compañía se percibirá, sobre todo, si a lo largo del desarrollo de los proyectos surgen problemas no previstos, divergencias entre las partes, renegociaciones o, eventualmente, acciones legales.

Las cuestiones sobre las que pueden surgir disputas a lo largo del proyecto son múltiples. Con carácter general, algunas de las disputas más habituales y, por tanto, de las cuestiones que deben tratar de cubrirse con más cuidado en los contratos, son las siguientes:

  • Alcance del proyecto, gestión e impacto de posibles cambios de alcance y consecuencias legales;
  • Calendario del proyecto y consecuencias legales de retrasos en los hitos principales y en el conjunto del proyecto;
  • Consecuencias legales de incumplimientos de servicios o tareas, retrasos o falta de consecución de niveles de servicio; articulación de remedios legales y relaciones entre los distintos remedios (daños y perjuicios, terminación del contrato, penalizaciones, etc.);
  • Posibilidades de salida o terminación por conveniencia;
  • Propiedad intelectual y protección del know how y la información del proveedor y del cliente (atribución de propiedad y derechos sobre nuevos desarrollos, licencias, posibilidades de comercialización conjunta de desarrollos, restricciones a la utilización con competidores del cliente, etc.);
  • Limitaciones y exclusiones de responsabilidad por incumplimientos (negociación de las limitaciones y exclusiones exigidas por los proveedores);
  • Protección de datos personales, obligaciones del proveedor, atribución de responsabilidades en casos de reclamaciones o sanciones;
  • Gestión de la relación, mecanismos de seguimiento, escalado y documentación del proyecto (la documentación se utilizará como prueba en un posible litigio);
  • Elección y configuración del método adecuado de resolución de disputas (judicial, arbitraje, mediación). La elección dependerá de las características del proyecto y de los principales intereses a proteger (complejidad técnica, necesidad de rapidez en la resolución, cuestiones de jurisdicción en proyectos internacionales, necesidad de proteger la reputación y la información confidencial, etc.).

En caso de disputa generalmente será mejor, tanto para el proveedor como para el cliente, alcanzar soluciones amistosas. Ahora bien, la posición negociadora de cada parte a la hora de llegar a acuerdos satisfactorios estará condicionada en buena medida por el escenario previsible en caso de litigio y este, a su vez, dependerá en gran parte de la protección legal que se haya articulado en los contratos.