Umbrales numéricos para la tramitación de despidos colectivos. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2015.

20 mayo 2015

Miguel Pastur

El pasado 13 de mayo de 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, el "TJUE") ha dictado una importante sentencia, sobre la discordancia de la legislación española que regula los despidos colectivos, y las disposiciones de la Directiva 98/59/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones nacionales en materia de despidos colectivos (en adelante, la "Directiva 98/59").

La sentencia trae causa de las cuestiones prejudiciales elevadas por el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona, en el marco de la reclamación por despido nulo interpuesta por un trabajador de la empresa Nexea que se vio afectado, junto con otros 12 compañeros, por el cierre del centro de trabajo de la empresa en Barcelona en 2012.

El trabajador impugnante alegó que su despido era nulo, en tanto Nexea había sorteado fraudulentamente la aplicación del procedimiento de despido colectivo previsto en la Directiva 98/59. En esencia, alegaba que el número total de despidos debe de ponerse de contraste con el número de trabajadores del centro de trabajo (tal y como establece la Directiva 98/59) y no con los del total de la empresa (como establece la legislación española y han venido aplicando de forma pacífica nuestros juzgados y tribunales).

En su análisis de esta cuestión, el TJUE concluye que se opone a la Directiva 98/59 toda normativa nacional que, al fijar los umbrales que implican la tramitación de un despido colectivo, tome como única unidad de referencia, la empresa y no el centro de trabajo, tal y como hace la legislación española en el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores y demás normativa de desarrollo.

Ello será así, siempre y cuando, la citada normativa implique una reducción de la protección de los trabajadores en los casos en los que de tomar el centro de trabajo como unidad de referencia se alcanzarían los umbrales numéricos y se aplicarían, en el contexto de un despido colectivo, los derechos de información y consulta reconocidos en la Directiva 98/59.

Por tanto, las empresas que efectúen despidos deberán tener en cuenta a partir de ahora, y en previsión de futuros cambios normativos en España, que los umbrales establecidos por la legislación española deberán aplicarse en relación con el marco de referencia de cada centro de trabajo, y no sólo de la empresa en su conjunto.

Esta sentencia abre también la puerta a una revisión de los umbrales numéricos que implican la tramitación de los despidos colectivos, en tanto en cuanto la actual legislación española en esta materia también diverge de la europea, que establece un máximo de 20 despidos en un periodo de 90 días. Umbral por encima del cual habrá de tramitarse el correspondiente despido colectivo, sea cual sea el número de trabajadores habitualmente empleados en el centro de trabajo.

En cualquier caso, hasta que no se produzca la necesaria reforma del Estatuto de los Trabajadores en este sentido, y en base a criterios de cautela, es aconsejable que las empresas tomen en consideración no sólo los umbrales numéricos del despido colectivo fijados actualmente en el Estatuto de los Trabajadores, sino también aquellos establecidos en la Directiva 98/59.

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