Novedades sobre el rol internacional de los tribunales españoles

21 octubre 2015

Javier Fernández-Samaniego, Pablo Berenguer

La entrada en vigor tanto de la Ley Orgánica 7/2015 (que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial) como de la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional supone un profundo cambio del papel internacional de los tribunales españoles, actualizando tanto su competencia como el régimen de reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras, siguiendo la estela del nuevo Reglamento de Bruselas. Se facilita el acceso de las empresas extranjeras con intereses en España a los tribunales españoles.

En el mes de julio de 2015, teniendo en cuenta la progresiva internacionalización de las relaciones personales y empresariales, las Cortes españolas aprobaron dos leyes que modifican de forma sustancial el papel internacional de los tribunales españoles. Por una parte, la Ley Orgánica 7/2015, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, entra en vigor el 1 de octubre y enmienda los criterios relativos a la competencia internacional, esto es, aquellos que determinan qué controversias internacionales pueden resolverse ante tribunales españoles. Por otro lado, la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil, que entró en vigor el 20 de agosto, utiliza un concepto de cooperación jurídica internacional muy amplio, incluyendo, entre otras, materias como la litispendencia, el reconocimiento y ejecución de sentencias y la prueba de derecho extranjero.

Competencia internacional de los tribunales españoles

En lo que respecta a los fueros exclusivos, hay dos novedades: en primer lugar, la ley añade que el reconocimiento y ejecución en España de acuerdos de mediación extranjeros será competencia de los tribunales españoles. En segundo lugar, en la línea del artículo 24.1 del Reglamento (EU) 1215/2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, la ley establece, en relación con los arrendamientos de bienes inmuebles celebrados para un uso particular durante un plazo máximo de seis meses consecutivos, que serán igualmente competentes los órganos jurisdiccionales españoles si el arrendatario es una persona física y ambas partes estuvieran domiciliadas en España. Anteriormente la ley no contemplaba el supuesto de los arrendamientos temporales.

Se ha detallado la regulación de los acuerdos de sumisión a los tribunales españoles. Siguiendo el Reglamento (EU) 1215/2012, la ley define lo que puede ser considerado como acuerdo de sumisión expresa. Ha de celebrarse

  1. por escrito, ya sea en la cláusula de un contrato o en un contrato independiente o
  2. verbalmente con confirmación escrita;
  3. en cualquiera de las formas que se ajusten a los hábitos que las partes tengan establecidos entre ellas;
  4. en cualquier forma a la que las partes estén acostumbradas o debieran conocer y sea común en el comercio internacional.

Las comunicaciones por medios electrónicos que proporcionen un registro duradero del acuerdo también son consideradas como acuerdo por escrito. La ley establece expresamente que esos acuerdos prevalecerán frente a cualquier fuero no exclusivo establecido por ley.

La ley conserva el fuero general del domicilio del demandado, estableciendo que una persona física estará domiciliada en España siempre y cuando allí se encuentre su residencia habitual. En relación con las empresas, el domicilio vendrá determinado por su sede social, su centro de administración o administración central o su centro de actividad principal. Además, la modificación introduce una novedad relativa a los supuestos en los que están involucrados varios demandantes: cuando uno de ellos esté domiciliado en España, todos los demás podrán ser demandados en España, siempre y cuando se ejercite una sola acción o varias entre las que exista un nexo por razón del título o causa de pedir que aconsejen su acumulación.

Las modificaciones también afectan a los fueros especiales por razón de la materia. La nueva ley establece que los tribunales españoles serán competentes para conocer de las pretensiones relativas a las obligaciones contractuales cuando la obligación objeto de la demanda haya sido o deba ser cumplida en España. El criterio deja de ser el lugar de conclusión del contrato o de cumplimiento de las obligaciones de este último. La ley precisa con claridad que ha de tratarse de la obligación objeto de la demanda.

Las reglas relativas a las controversias derivadas de contratos de seguro también se han desarrollado. Con anterioridad a las modificaciones, los tribunales españoles eran competentes para conocer de aquellas controversias en las que tanto el asegurado como la compañía aseguradora estaban domiciliados en España. Ahora, si el asegurado, el tomador o beneficiario del seguro tuvieran su domicilio en España, serán competentes los tribunales españoles. Además, la nueva ley extiende la competencia judicial española a aquellos casos en los que el hecho dañoso se produce en territorio español y se trata de un contrato de seguro de responsabilidad o de seguro relativo a inmuebles, o, tratándose de un seguro de responsabilidad civil, si los Tribunales españoles fueran competentes para conocer de la acción entablada por el perjudicado contra el asegurado en virtud de acciones derivadas de responsabilidad extracontractual.

La nueva ley también establece, siguiendo la interpretación de la doctrina dominante, que los tribunales españoles serán competentes para adoptar medidas provisionales o de aseguramiento no sólo respecto de personas o bienes que se hallen en territorio español y deban cumplirse en España, sino también para adoptar estas medidas si son competentes para conocer del asunto principal.

Se ha introducido otra novedad: los tribunales españoles no podrán abstenerse o declinar su competencia cuando el supuesto litigioso presente vinculación con España y los Tribunales de los distintos Estados conectados con el supuesto hayan declinado su competencia. Tampoco lo podrán hacer cuando se trate del reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediación dictados por los Tribunales extranjeros.

Reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras por los tribunales españoles

Teniendo en cuenta la existencia de varios tratados y acuerdos internacionales en la materia así como de legislación local especial, la nueva Ley Española de Cooperación Jurídica Internacional en material civil.

En cuanto al reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras y otras cuestiones relativas a la cooperación jurídica internacional en materia civil y mercantil, la Ley 29/2015 sólo resultará de aplicación si no hay legislación europea, internacional o interna aplicable a la cuestión, principalmente:

  • El Reglamento (UE) 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (de 12 de diciembre de 2012), el Reglamento (CE) 1393/2007 relativo a la notificación y traslado de documentos (de 13 de noviembre de 2007), y el Reglamento 1206/2001 relativo a la obtención de prueba en asuntos civiles o mercantiles (de 28 de mayo de 2001).
  • Los tres Convenios de la Haya relativas al reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en materias civiles y mercantiles (de 1 de febrero de 1974), la obtención de prueba en el extranjero (de 18 de marzo de 1970) y al traslado de documentos en el extranjero (de 15 de noviembre de 1965).
  • Leyes internas como la Ley Concursal (22/2003), la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (1/2007), la Ley de Arbitraje (60/2003) o la Ley de Jurisdicción Voluntaria (15/2015).

Uno de los aspectos esenciales de la Ley es el procedimiento de reconocimiento (exequátur) y ejecución de resoluciones dictadas por tribunales de otros Estados. La ley ha aclarado, en los mismos términos del Reglamento (UE) 1215/2012, los conceptos de resolución, transacción judicial y documento público, entre otros. El procedimiento de exequátur se ha simplificado; cabe ahora acumular en un mismo escrito la demanda de exequátur, la solicitud de ejecución (aunque no se despachará la misma en tanto no se dicte resolución estimando el exequátur) e incluso la solicitud de adopción de medidas cautelares. Toda demanda de exequátur deberá acompañarse de

  1. el original o la copia auténtica de la resolución extranjera,
  2. el documento que acredite la firmeza y fuerza ejecutiva en su caso de la resolución extranjera, y
  3. as traducciones pertinentes (que no tienen que ser juradas necesariamente, no obstante la parte contraria podrá impugnarlas si las considera inexactas).

Una vez que se admita la demanda, la parte contraria podrá oponerse en un plazo de 30 días, alegando

  1. falta de autenticidad de la resolución extranjera,
  2. incorrecto emplazamiento al demandado en el procedimiento declarativo extranjero,
  3. y/o falta de firmeza y fuerza ejecutiva de la resolución extranjera.

Teniendo en cuenta que las acciones colectivas son cada vez más comunes, se han incluido reglas especiales sobre el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones extranjeras dictadas como consecuencia de este tipo de acciones. Para que aquellos afectados que no se hayan adherido expresamente puedan beneficiarse de la ejecución de estas resoluciones en España, la acción colectiva extranjera debe haber sido comunicada o publicada en España por medios equivalentes a los exigidos por la ley Española, y dichos afectados tienen que haber tenido las mismas oportunidades de participación o desvinculación en el proceso colectivo que los domiciliados en el Estado en el que la acción fue incoada. Por otro lado, las resoluciones extranjeras dictadas como consecuencia de acciones colectivas no se reconocerán en aquellos casos en los que la competencia del órgano jurisdiccional extranjero no se hubiera basado en un foro "equivalente" (concepto este más estricto que el de "similar") a los previstos en la legislación española.

Otra cuestión central regulada por esta ley, para evitar la posibilidad de obtener sentencias contradictorias como consecuencia de procedimientos paralelos en distintos Estados, es la litispendencia y la conexidad internacionales. La Ley determina que los tribunales españoles podrán declarar la suspensión del procedimiento siempre y cuando la competencia del órgano jurisdiccional extranjero obedezca a una conexión razonable con el litigio, sea previsible que el órgano jurisdiccional extranjero dicte una resolución susceptible de ser reconocida en España y se considere necesaria tal suspensión en aras de la buena administración de justicia (entendiendo por tal lo que indica el Considerando 24 del Reglamento (UE) 1215/2012).

En relación con la prueba del Derecho extranjero, la ley no cambia el sistema establecido por la Ley de Enjuiciamiento Civil, de acuerdo con el cual la validez y el contenido del Derecho extranjero ha de ser probado como si de un hecho se tratare (aunque la jurisprudencia constitucional ha venido mitigando, en determinadas circunstancias, tal rigor). Hay dos novedades principales: la primera, excepcionalmente, para asegurar la tutela judicial efectiva, se aplicará el Derecho español si las partes no han podido acreditar el contenido del Derecho extranjero. Segunda, tanto los tribunales como los notarios y los registradores españoles podrán elevar solicitudes de información de Derecho extranjero a las autoridades extranjeras, a través del Ministerio de Justicia.

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Pablo Berenguer

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