La protección jurídica de los secretos comerciales y la lealtad empresarial

10 noviembre 2014

Antecedentes
La Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4ª) en la sentencia dictada el 1 de septiembre de 2014 realiza un análisis detallado sobre la protección jurídica de los activos intangibles del empresario a través de la Ley de Competencia Desleal (en adelante LCD), y concluye que han existido violación de secretos empresariales (art 13 LCD) y actos contrarios a las exigencias de la buena fe (art 5 LCD, hoy art 4 LCD) en la conducta desarrollada por los demandados.

En la demanda se alegaba que los demandados (cuatro personas físicas y una persona jurídica) habían realizado diversos actos de competencia desleal al crear una nueva empresa dedicada a la misma actividad mientras prestaban servicios para las actoras, apropiarse de miles de ficheros, programas informáticos y bases de datos, captar de manera masiva a más de 30 trabajadores de dichas mercantiles y realizar, finalmente, una desleal atracción de clientela.

Resolución de la excepción de prescripción de las acciones
El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao consideró que las acciones ejercitadas se encontraban prescritas al haber transcurrido los plazos que establecía el artículo 21 LCD (hoy 35 LCD) desde que se produjeron los hechos, sin que se hubiera producido interrupción de la prescripción por el hecho de haberse presentado, con anterioridad al ejercicio de estas acciones civiles, una denuncia penal que posteriormente fue archivada. Dicha sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Vizcaya al entender que el plazo prescriptivo de un año del artículo 21 LCD no se interrumpió por la presentación de la denuncia porque, fundamentalmente, los hechos no eran los mismos.

Frente a esta resolución se interpuso por las actoras recurso de casación ante la Sala 1ª del Tribunal Supremo que fue estimado mediante sentencia de fecha 19 de febrero de 2013, considerando la Sala que las acciones ejercitadas no se encontraban prescritas. Todo ello por el juego de los artículos 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 10.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prohíben que se siga pleito civil sobre el mismo hecho objeto de enjuiciamiento criminal y declaran la prevalencia de la decisión penal, y al entender que la realidad de los hechos descritos en la demanda era presupuesto para el ejercicio de las acciones de competencia desleal y el enjuiciamiento de las conductas denunciadas era indispensable para la decisión del procedimiento civil. En consecuencia, devolvió los autos a la Audiencia Provincial de Vizcaya para que se dictara una sentencia sobre el fondo del asunto.

Resolución sobre el fondo del asunto
Recientemente, la Audiencia Provincial de Vizcaya ha dictado la sentencia, de acuerdo con el mandato del Tribunal Supremo, estimando parcialmente la demanda y resolviendo que la conducta de los demandados es constitutiva de violación de los secretos empresariales de las actoras (art 13 LCD), así como contraria a las exigencias de la buena fe (art 5 LCD, hoy art 4 LCD).

En cuanto a la primera de ellas, considera que se ha probado la copia de archivos y programas de software de las demandantes, que contenían información confidencial y reservada, tal y como se acreditaba mediante varios informes periciales informáticos realizados sobre el contenido de los ordenadores portátiles de los demandados, que detectaron copiados masivos de información con evidencias de conexión y uso de dispositivos de almacenamiento USB. Además, el copiado masivo de información y la inmediatez entre la extracción de datos y la constitución de la nueva sociedad, con el mismo objeto social y competidora, revelaban el ánimo de obtener provecho propio de su contenido.

En cuanto a los actos contrarios a la buena fe, considera la sentencia que los demandados, que ocupaban puestos directivos, aprovecharon los medios materiales de las actoras para la constitución de esa nueva empresa, se dieron de baja simultáneamente y sin preaviso perjudicando el funcionamiento de su anterior empleador en beneficio propio, lo que permitió que la sociedad entrara en funcionamiento de manera inmediata, y procedieron a la captación de algunos clientes de las actoras mientras prestaban sus servicios en ellas, como evidenciaban los informes de detectives aportados con la demanda, haciendo uso de la información y relaciones de las que disponían como consecuencia de su puesto de trabajo.

Por todo ello, la sentencia declara la concurrencia de estos actos desleales en la conducta de los demandados y les condena a indemnizar por los daños y perjuicios causados a las actoras y a publicar la sentencia en un periódico de ámbito nacional.

Comentario
Esta sentencia, si bien no es firme, es relevante porque analiza de manera pormenorizada el catálogo de actos ilícitos concurrenciales que suelen aparecer en estos supuestos en torno a la salida de trabajadores de una empresa, particularmente, el concepto legal de secreto empresarial y los requisitos para su protección, considerando, finalmente, la existencia de algunos de estos actos en la conducta de los demandados, algo que no es sencillo en este tipo de casos que constituyen siempre procesos judiciales complejos que requieren de una prueba sólida y que, además, sea realizada adecuadamente en atención a las circunstancias de cada caso concreto, siendo crucial tanto las medidas de prevención adoptadas como las actuaciones desarrolladas por el empresario desde el momento de conocerse los hechos, porque, en muchas ocasiones, una incorrecta realización de esas pruebas supone que las acciones ejercitadas sean finalmente desestimadas.

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Antonio Cueto

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