Proyecto de ley de financiación de RTVE: ¿por qué las telecos?

07 July 2009

Juan Guttiérez

El Gobierno pretende cambiar de manera sustancial el modelo de financiación de RTVE, a toda velocidad y haciendo un “corta y pega” del modelo instaurado por nuestros vecinos franceses. RTVE pasaría de un sistema de financiación mixto - compuesto por subvenciones públicas e ingresos de la actividad comercial (publicidad, principalmente)- a otro en el no emitirá publicidad y los ingresos que dejará de obtener serán compensados por nuevas fuentes de financiación.  A estas nuevas fuentes de ingresos el Gobierno ha decidido llamarlas "aportaciones" y deberán ser abonadas por una serie de operadores. Los operadores agraciados con ese pago son las televisiones privadas - ¡cómo iban a pagar las televisiones públicas autonómicas la financiación de RTVE! - y otros que pasaban por allí: las operadoras de telecomunicaciones.

La cantidad de la que hablamos no es baladí: según la CMT, en 2010 las “aportaciones” serían de nada menos que 230 millones de euros de las operadoras de telecomunicaciones y otros 131 millones de los operadores de televisión. 

Y esta dolorosa se justifica, dice el Gobierno, porque es "lógico que quienes resulten beneficiados por la decisión de que RTVE deje de emitir publicidad soporten, en parte, esa carga económica".  Esta justificación resulta sorprendente, al menos respecto a las operadoras de telecomunicaciones, que tendrán que pagar prácticamente el doble que las televisiones privadas.

En efecto, el cese de publicidad por RTVE podría beneficiar a sus competidores naturales, las televisiones privadas (aún así, si el precio de la publicidad lo marca el share de la televisión que emite el anuncio, es decir, el número de televidentes que lo ven, los precios de la publicidad y los ingresos de las televisiones privadas sólo subirán si consiguen arañar cuota de mercado a RTVE, puesto que los minutos de publicidad están limitados por ley). Pero suponer un beneficio parecido para las empresas de telecomunicaciones requiere dar un triple salto mortal con un par de tirabuzones. 

Seguramente consciente de ello, el Gobierno ha ido sofisticando en sucesivos borradores la justificación de las aportaciones exigidas a las operadoras de telecomunicaciones, pero al hacerlo ha planteado más interrogantes.

Merece la pena enfatizar que el Anteproyecto se ha tramitado a velocidad de un rayo: el Informe de la CMT fue aprobado por su Consejo el jueves 21 de mayo, cuando la solicitud de dicho informe por la Vicepresidenta Primera del Gobierno se produjo el jueves 14: 7 días, con fin de semana por medio, para  un informe de 58 páginas.  Y el Dictamen del Consejo de Estado, de 28 de mayo, menciona que el Consejo de Ministros lo solicitó el 22 de mayo, con carácter urgente: 6 días, con fin de semana en medio, para un dictamen de unas 20 páginas. Por último, el 29 de mayo el Gobierno presentó el Proyecto ante el Congreso de los Diputados y solicitó que se tramite por el procedimiento de urgencia. 

Busy days, como dirían algunos en práctica privada … Pero las prisas no son buenas, dirían otros. Desde el punto de vista jurídico, las posiciones frontalmente opuestas de la CMT y del Consejo de Estado respecto a la idoneidad de las aportaciones de las operadoras de telecomunicaciones, merecen toda la atención, puesto que errar en algún aspecto podría conllevar retrasos e incertidumbres no deseadas.  De capital importancia puede ser la necesidad de que la Comisión Europea tenga algo que decir en todo esto, cuestión que el Consejo de Estado considera innecesaria, pero que no se debería descartar de manera precipitada.

En efecto, un cambio tan sustancial del mecanismo de financiación, la ampliación del ámbito de los servicios públicos prestados y el aumento de la financiación de RTVE puede resultar en la concesión de ayudas nuevas que deben ser notificadas a la Comisión Europea.  Si existe obligación de notificar, las nuevas medidas no pueden ser implementadas antes de recibir el visto bueno de Bruselas.  El incumplimiento de este trámite podría dar lugar a actuaciones, a nivel Bruselas y España, que provocarían los retrasos e incertidumbres mencionados.