La normativa comunitaria de ayudas ante la crisis

16 January 2009

Juan Gutiérrez

Desde el comienzo de la crisis financiera muchos han mirado a Bruselas para ver cómo la Comisión Europea era capaz de lidiar con esta situación.  Algunos Estados miembros de la UE incluso pidieron un paréntesis o moratoria en la aplicación de la disciplina de las ayudas estatales debido, precisamente, a la necesidad de ayudar al sistema, en vez de limitar o controlar las ayudas.

Para hacer frente a esta situación sin precedentes, la Comisión ha adoptado dos Comunicaciones cuyo propósito es proporcionar una orientación sobre los criterios pertinentes para el análisis de compatibilidad con el Tratado CE de las ayudas que fueran notificadas a Bruselas por los Estados miembros.  Las Comunicaciones están fundamentalmente destinadas a ayudar al sector financiero, como función de palanca para el resto de la economía.

En aplicación de las Comunicaciones, la Comisión Europea ha aprobado numerosísimos regímenes generales de ayudas nacionales y ayudas individuales en apoyo de importantes instituciones financieras.  Se ha creado incluso un sitio específico en la página web de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea que contiene los textos legales y las medidas de ayudas aprobadas para hacer frente a la crisis.  Hasta un video de una conferencia celebrada en Bruselas sobre las medidas adoptadas se publicó en la página web de la Comisión.

La situación sin precedentes a la que se enfrenta Bruselas se ve confirmada por la base jurídica del Tratado CE utilizada por la Comisión para aprobar las ayudas, destinada “a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro”, una base jurídica utilizada en muy contadas ocasiones en la historia del Tratado.

La última Comunicación adoptada por la Comisión, el 17 de diciembre el año pasado, fue el denominado encuadramiento temporal de medidas de ayudas para la economía real.  Se trata de un menú de medidas destinadas a todas las empresas, independientemente del sector en el que operen, que serán aprobadas por la Comisión tras su notificación por los Estados miembros.

Estas nuevas medidas se basan en ayudas ya exentas de notificación a Bruselas - y por tanto, ya autorizadas - a través de los denominados Reglamentos de exención por categorías.  El nuevo encuadramiento de medidas a la economía real amplía el monto de estas ayudas exentas y constituye, en suma, un menú de medidas ampliado.

Por ejemplo, las ayudas denominadas de minimis, que normalmente ascienden a 200.000 euros por empresa, se pueden ahora incrementar hasta 300.000 euros; se permite la reducción de las primas a abonar por garantías estatales así como la concesión de préstamos blandos; se incrementa hasta 2.5 millones de euros, en vez de 1.5 millones de euros actuales, el tramo de financiación donde se presume que existe una deficiencia de mercado (market failure) con respecto a la concesión de ayudas de capital riesgo; reducción al 30%, en vez del 50%, de la financiación privada exigida en inversiones realizadas con capital riesgo; y medidas destinadas a la financiación de proyectos medioambientales.  El encuadramiento estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2010, puesto que cubre, se espera, una situación transitoria excepcional.

Por tanto, las medidas a la economía real, en tanto que aplicación laxa o flexible de la normativa de ayudas de manera temporal, podría interpretarse como una respuesta a las voces que pedían un paréntesis o moratoria en la aplicación de la disciplina de las ayudas estatales.

Ahora bien, la preocupación añadida que provoca esta respuesta es si puede desembocar en una carrera de conceder ayudas, en la que lógicamente los Estados más ricos de la UE saldrán ganando frente a los más pobres con respecto a sus empresas.  Además, las ayudas que se concedan ahora conllevarán distorsiones de la competencia que perdurarán años en los mercados.

Confiemos en que la Comisión Europea sepa lidiar escrupulosamente con este problema adicional a los que ya hay encima de la mesa, que no son pocos.  De hecho, como ella misma establece en una de sus Comunicaciones, entre los principios generales que gobiernan su actuación ante la situación de crisis, está el garantizar que las medidas de ayudas aprobadas “no generen distorsiones innecesarias de la competencia” ni “repercusiones negativas en otros Estados miembros”.